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HISTORIA

JOAQUÍN STICOTTI


El final del silencio.
Dictadura, sociedad y derechos humanos en la transición (Argentina, 1979-1983) (2018)
de Marina Franco

     I.

     El final del silencio. Dictadura, sociedad y derechos humanos en la transición (Argentina, 1979-1983) de Marina Franco aporta valiosas herramientas para pensar la historia reciente. La cuestión de los derechos humanos se convirtió, fundamentalmente después del Juicio a las Juntas militares en 1985, en la explicación unánime para entender el colapso de la última dictadura. Volver a pensar la transición tiene para Franco el sentido de reconstruir el proceso de emergencia y construcción de un problema público que se convirtió en una de las marcas más importantes de la democracia que supimos construir.

     A la manera de los análisis de Michel Foucault, este problema no está dado a priori y es un acierto por parte de Franco proponerse reconstruir su proceso de emergencia con especial atención a sus enunciadores y sus espacios de circulación. Frente a esta reconstrucción se presenta un impedimento fundamental que es, en palabras de la autora, el impulso a “olvidar aquello que fuimos diciéndonos que ya no lo somos” (p.382). Es aquí donde se puede vislumbrar un programa. Hacer la historia reciente es comprender desde el mejor uso del anacronismo: no hacer la historia del pasado en términos del presente, sino la historia del presente, cómo llegamos hasta acá. Esto implica ir más allá de algunas memorias, de las que no se cuestiona su importancia política, pero sí su potencial de sesgar y obturar la complejidad de la historia.

     II.

     El sesgo de las memorias puede tener que ver con nuestro presente o con nuestra empatía por algunos actores que forman parte de los procesos sociales. Pensar el pasado en términos del presente resulta igual de obturante que sobreestimar el rol de algunos actores sociales o políticos. Mientras que para algunos la evidencia del horror (constatable desde los comienzos) debía directamente conducir al juzgamiento de los crímenes, la idea tardó mucho más en ser una verdad evidente para sectores mayoritarios, en convertirse en lo que la autora llama un problema público.

     Hilando fino en su revisión de la prensa, Franco reconstruye la coexistencia de la legitimidad de la represión con el comienzo de la deslegitimación del régimen. Este proceso comienza hacia 1979. Los motivos de la deslegitimación se encuentran principalmente en la censura y la política económica. En ese marco, la inspección de la CIDH coloca la cuestión de los derechos humanos obligatoriamente en agenda. Sin embargo, la necesidad de investigar a fondo la represión solamente es esgrimida por los organismos de derechos humanos y por algunos partidos políticos (Partido Comunista, Partido Intransigente). En simultáneo, el régimen ensaya su primer intento de apertura política y uno de los consensos mayoritarios (partidos, gremios, empresarios, Poder Judicial) es la legitimidad de la llamada “lucha contra la subversión”. La palabra “horror” aún refería de modo mayoritario a los eventos anteriores a 1976. Sin embargo, revisando otros documentos accesibles a partir de las actas secretas de la Junta Militar halladas en el edificio Cóndor de la Fuerza Aérea en 2013, Franco constata cómo los militares ya adelantan su preocupación respecto a la posible revisión de lo actuado. En estas actas, se puede ver cómo, preparando el diálogo político para 1980, la primera de las premisas no negociables es “la convalidación de todo lo actuado en la lucha contra la subversión, impidiendo todo revisionismo” (p. 68).

     III.

    Cuando asumió la presidencia Roberto Eduardo Viola, en 1981, el gobierno militar se encontraba profundamente deteriorado. El deterioro se basó mucho más en la precaria situación económica y en la interna militar que en las denuncias por la represión. Sin embargo, comienza a instalarse en la opinión pública la cuestión enunciada, nuevamente en la prensa, como “el problema de los desaparecidos”. A su vez, se trata de un período de intento de apertura política supuestamente más amplia que la ensayada en 1980. Se forma la multipartidaria y los militares buscan vislumbrar una salida política. Se explicita, por parte del poder militar, algo que no era necesario decir públicamente en los años anteriores: para cualquier diálogo, es necesario partir de la no revisión de la llamada “lucha antisubversiva”.

     Los líderes de partidos políticos, entre los cuales se encontraba, por ejemplo, Ricardo Balbín, parecen aceptar esta idea. Pero también demandan explicaciones, que se explicite lo sucedido. En el marco del diálogo propiciado por Viola, el periodista Eduardo Varela Cid convoca a varios dirigentes políticos a pensar “la reconstrucción de la democracia” ocupándose de aclarar, de modo sugerente, que no se pretende “levantar las horcas de Núremberg”. A través de esa analogía se insinuaba la gravedad de la situación. La demanda de verdad se presenta como una condición para asegurar la gobernabilidad a futuro, sin que esto implique necesariamente un juicio. La ilusión de la apertura es acompañada de la búsqueda de un cierre: cerrar la etapa de excepción, explicar lo sucedido y poder “dar vuelta la página”. El sentimiento de búsqueda de cierre no es solamente militar, ligado a las responsabilidades implicadas. También es civil en el sentido de algunos actores que lo consideran una condición para la transición política.

     IV.

     Es parte del sentido común la idea de que después de la Guerra de Malvinas hay una eclosión antidictatorial. La cuestión para Franco reside en cuáles son los motivos de esta deslegitimación. Las críticas por el desempeño de los mandos militares en la guerra y la deteriorada situación económica tenían, evidentemente, un lugar central. El llamado “problema de los desaparecidos” cobraba creciente relevancia sin ser, más allá de los organismos y sectores políticos minoritarios, el problema principal. La hipótesis de la autora es que la cuestión de los derechos humanos seguía teniendo poca autonomía como problema público, pero que su importancia crecía al calor del clima antidictatorial que se profundizaba. Pensar que era el motor es más un efecto de la memoria retrospectiva.

     Una de las evidencias reconstruidas por Franco para su argumento es la expectativa de varios actores de la época, entre ellos quienes participaban en la Multipartidaria, respecto al denominado “Documento final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo”. El documento se dio a conocer en abril de 1983 a través de un programa de televisión, único medio que para el período sostenía su oficialismo dado que era gestionado por las propias Fuerzas Armadas. Se suponía que iba a consistir en las demandadas explicaciones de lo sucedido con los desaparecidos, pero reafirmaban lo realizado y culpaban de las violaciones a los derechos humanos al “terrorismo”. El documento obtiene un rechazo casi unánime, tanto en el plano nacional como en el internacional. El gobierno no puede reactivar el fantasma de la campaña anti argentina que había utilizado en 1978. El rechazo conlleva la conclusión de que la tarea de saber qué sucedió será ardua y estará en manos del próximo gobierno, pero la expectativa de una explicación oficial se sostiene hasta el final. Se trata de un proceso que Carlos Nino caracteriza como de desidentificación con los victimarios, condición de posibilidad para la judicialización que vendrá después. Mucho que ver tiene el desengaño posterior a Malvinas que, tal como sostenía al calor de los acontecimientos León Rozitchner, era una guerra “limpia” en continuidad con la llamada “guerra sucia”. Algo que no es abordado en el libro de Franco es el período de cierto fervor por Malvinas con el que el propio Rozitchner confronta en su momento. Esos meses, que podrían ir de abril a junio de 1982, quizá deban ser motivo de otro libro producto de su excepcionalidad.

      V.

     Después de abril de 1983, las opciones de los militares se estrechan: se concentran en aprobar la ley de autoamnistía que Alfonsín derogará al asumir. Los partidos políticos, en cambio, se concentran en la campaña electoral. En estos meses aparece, en boca de actores que no eran los organismos de derechos humanos, el término “terrorismo de Estado”, asumiendo otro lugar en el juego de aparición de los enunciados. En la prensa, aparecen nuevos diarios como La voz. A la vez, diarios consolidados como Clarín afirman que a la violencia subversiva hay que oponerle justicia y no más violencia. El clima de época está cambiando definitivamente. Los peronistas asumen un perfil negociador mientras que los radicales tienen una posición más confrontativa respecto del poder militar. De todas formas, en la plataforma de Alfonsín no figuran ni la derogación de la autoamnistía ni el juzgamiento a partir de los distintos niveles de responsabilidad en el que el candidato radical venía trabajando junto a los juristas Jaime Malamud Goti y Carlos Nino. Juan Domingo Perón afirmaba en su Manual de Conducción Política: la política es información, pero también secreto y sorpresa. El eje de la campaña del partido radical estaba puesto en la oposición de la dictadura y la democracia, no en la cuestión de los derechos humanos, aunque los mismos tuviesen en su plataforma un papel más relevante que en la del resto de los partidos mayoritarios.

     Los problemas de la ley de autoamnistía empiezan al interior del frente militar: muchos de los denominados “duros” no aceptan la idea de una ley que los pueda equiparar con el “enemigo subversivo”. Hay un consenso que se va extendiendo en la sociedad vinculado a la imposibilidad tanto de exculpar a las organizaciones que habían elegido la lucha armada como a los supuestos “excesos” de los militares. Comparando con el resto de América Latina, Franco constata que la mayoría de los países que salían de dictaduras tuvieron leyes de amnistía. La excepción argentina tuvo que ver con el enorme rechazo que esta ley obtuvo y con su posterior derogación en la primera sesión parlamentaria luego de finalizada la dictadura. Pero llama la atención sobre una cuestión central: en Argentina tampoco había sectores revolucionarios que pudieran beneficiarse con la amnistía para reingresar al juego político, como sí sucedió en Brasil y en Uruguay.

     Para octubre de 1983, el horizonte de la democracia se asociaba a la justicia como opuesta a la arbitrariedad de la violencia. Pero la justicia no era aún en ese tiempo la instancia concebida para el juicio al terrorismo de Estado. No lo era para la mayor parte de los actores políticos y tampoco lo era para los militares. Pocos creían en el triunfo del radicalismo y menos aún en los juicios que pondrían en evidencia la excepcionalidad de las prácticas militares en relación a otros acontecimientos de la historia del país, plagada de intervenciones castrenses.

     VI.

   A modo de cierre, Franco marca tres hipótesis fuertes que sientan precedente para futuras investigaciones en historia reciente: la primera es el carácter profundamente indeterminado del proceso que llevó al juicio de los crímenes de los militares; la segunda es el comienzo de la deslegitimación del régimen en 1979 en coincidencia con la hipótesis militar de derrota del “enemigo interno” y la tercera es el predominio -con un creciente aislamiento- de los militares en la toma de decisiones durante toda la dictadura.

     Pero hay una hipótesis más que recorre con perseverancia todo el libro y se reitera al final: la de mantener, a toda costa, la heterogeneidad de perspectivas respecto a estos grandes problemas de la historia. La imposibilidad de generalizar cierta percepción, cierta caracterización, para el total de la sociedad argentina. Y la necesidad consiguiente de situar la emergencia de los enunciados, caracterizar a sus interlocutores y sopesar la importancia de sus palabras (y su circulación) en cada momento histórico. No será lo mismo la perspectiva de los organismos de derechos humanos, que desde los comienzos vislumbran elementos del plan sistemático, que la de la Iglesia Católica, el Poder Judicial o los partidos políticos. Recuperar esta heterogeneidad no implica despegarnos de una memoria que nos exige nuestra ética política, implica hacer una historia consciente del amplio y disonante espectro de voces que conviven en la sociedad argentina.

     En 1997 Charly García graba, junto a Mercedes Sosa, el disco Alta fidelidad. Allí, versionan una canción de García compuesta en 1976 con su banda La Máquina de Hacer Pájaros, “Cómo mata el viento norte”. En una estrofa que dice “la tierra es nuestra hermana” seguido de un puente musical en piano, Mercedes Sosa agrega la frase “los asesinos son los demás”. Cuando yo estaba en la escuela primaria, un profesor de música nos enseñó esta canción y nos dijo que la frase (“los asesinos son los demás”) estaba en la canción original pero había sido censurada por la dictadura. En el libro de Sergio Marchi No digas nada: una vida de Charly García, Charly mismo se ocupa de aclarar que la frase se trató de una ocurrencia de Mercedes Sosa durante la grabación del disco de 1997. Las memorias individuales pueden mezclar 1997 con 1976. Franco se exige algo distinto y propone: “Desde luego, los asesinos son los asesinos, pero esto no nos libera ni nos exime como sociedad de preguntarnos por nosotros mismos” (p. 37).

JOAQUÍN STICOTTI

Es licenciado en Sociología por la UBA, becario doctoral del CONICET y docente de Historia de los Medios en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Investiga la historia de la televisión argentina entre los años 70 y los 80.